Discriminan a empresas que quieren dar telefonia

La Secretaría de Comunicaciones sigue favoreciendo a Telefónica y Telecom para que continúen siendo un monopolio en la telefonía fija, discriminando a otras empresas que quieren e incluso poseen licencia para prestar este servicio en el pais. Esto perjudica a estas empresas pero tambien a los usuarios que exigimos un servicio que cumpla y que tengamos libre elección de prestadores.

A continuación transcribimos la nota presentanda por Cablevisión a la Secretaría de Comunicaciones:

INSEGURIDAD JURÍDICA, ARBITRARIEDAD Y DISCRIMINACIÓN CONTRA CABLEVISIÓN
La semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones, tras casi dos años de inacción, otorgó a nuestra empresa numeración para brindar telefonía local a sus clientes mediante la Resolución N° 146/09. Sorpresivamente, en sólo siete días se contradice y dicta una segunda resolución revocándola, haciendo lugar a los recursos presentados por Telefónica y Telecom, que impiden así a sus clientes elegir otro prestador.
En virtud de la manifiesta arbitrariedad, ilegitimidad y discriminación de la Resolución N° 165 del día de la fecha (22 de julio de 2009), emanada de la Secretaría de Comunicaciones, Cablevisión llevará adelante todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan ante la violación de los principios constitucionales de igualdad ante la ley, propiedad y libre competencia.
Como se indicó, la nueva resolución es abiertamente contradictoria respecto de la N° 146/09, dictada por el mismo organismo. Y se origina únicamente en un reclamo formal de las dos telefónicas, que vienen oponiéndose ilegítimamente a brindar la interconexión necesaria para que Cablevisión preste el servicio de telefonía, para el cual tiene licencia desde el año 2003.
En efecto, resulta sugestivo y hasta bochornoso que un mismo funcionario otorgue numeración a nuestra empresa para brindar telefonía y luego la revoque a sólo siete días de publicada, y sin traslado a nuestra parte, todo un récord para este funcionario público. A lo que se suma la llamativa rapidez y coincidencia de la respuesta oficial con el pedido de dos grandes empresas a las que debe controlar.
La numeración ahora revocada había llegado tras un largo e injustificado retraso, gracias a un amparo judicial interpuesto por Cablevisión, aunque todavía hay otros cinco expedientes demorados en el mismo organismo, que debería velar por la aplicación de la ley en tiempo y forma. Todo esto viene impidiendo a Cablevisión brindar efectivamente un servicio que promueve la competencia en el mercado telefónico, aún monopolizado por las dos empresas que promovieron el recurso. En ese tiempo, Cablevisión fue discriminada respecto de otros operadores de cable que sí recibieron la numeración.
Esta deliberada obstaculización administrativa contra Cablevisión se expone brutalmente con la Resolución N° 165/09, que busca seguir demorando la competencia en telefonía y privilegiando el actual monopolio de telefonía básica de las dos prestadoras mencionadas.
Desde 2003 Cablevisión es la continuadora universal, por absorción societaria, de todos los derechos de Fibertel. Y esto no ha sido cuestionado jamás por la CNC ni la SECOM organismos que además están notificados desde marzo del 2003 de esta fusión en el respectivo expediente.
Cabe destacar que para agravar aún más su arbitrariedad, la Resolución N° 165/09 se opone a lo ya dispuesto por la propia CNC hace más de un año. Entonces, la Gerencia de Jurídicos fue tajante al sostener en el Dictamen Nº 55150/2008 que “el proceso de fusión entre Fibertel y Cablevisión se encuentra tramitando ante la autoridad de aplicación conforme las disposiciones del Reglamento de Licencias aprobado como Anexo I del Decreto Nº 764/2000″. El mismo dictamen explicitó que Telefónica y Telecom están obligadas regulatoriamente a dar interconexión o a ampliarla.
Todo esto no hace más que echar dudas sobre la previsibilidad y la seguridad jurídica de las inversiones que tanto necesita nuestro país, así como sobre la credibilidad de los organismos de control del Estado, que tuercen sus propias decisiones en menos de una semana.
Con este tipo de arbitrariedades administrativas parece que se actuara en función de intereses coyunturales y no de la misión institucional de los organismos de velar por el cumplimiento de la ley y de promover la competencia y la mejor prestación de los servicios de telecomunicaciones para los usuarios.